La homofobia y la transfobia siguen poniendo en riesgo la vida de millones de personas en todo el mundo. En más de 60 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas, y cada año se registran cientos de asesinatos de personas LGBTIQ+.
Pero la violencia no es el único problema. Leyes discriminatorias, discursos de odio y persecución institucional continúan vulnerando los derechos humanos.
En este artículo repasamos los principales casos de homofobia y transfobia en el mundo en 2025, a partir de los datos y conclusiones del Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional, con ejemplos concretos en África, América, Asia, Europa y Oriente Medio: desde asesinatos y detenciones hasta avances legales que muestran que el cambio también es posible.
Datos globales sobre homofobia y transfobia en el mundo, incluyendo criminalización, violencia y situación de las personas LGBTIQ+.
África: leyes, discursos de odio y persecución contra las personas LGBTIQ+
En África, la homofobia sigue estando profundamente arraigada y, en muchos casos, respaldada por leyes y discursos políticos. Normas sociales patriarcales y actores contrarios a los derechos humanos continúan alimentando la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+ en toda la región.
En numerosos países, los gobiernos no solo no protegen al colectivo, sino que utilizan el sistema legal como herramienta de persecución. Las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo delito en muchos lugares, y en algunos casos incluso se castiga la defensa de los derechos LGBTIQ+.
Uno de los ejemplos más extremos es Uganda. La Ley contra la Homosexualidad aprobada en 2023 se mantiene como una de las más duras del mundo. Contempla penas de cadena perpetua por relaciones entre personas del mismo sexo e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde su aprobación, el impacto ha sido inmediato: detenciones arbitrarias, agresiones y un aumento del discurso de odio que ha intensificado la persecución.
En Ghana, la situación también es preocupante. Las personas LGBTIQ+ sufren discriminación constante en un contexto marcado por la tramitación de uno de los proyectos de ley más severos del continente. De aprobarse plenamente, no solo castigaría las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, sino también a quienes defienden la igualdad y los derechos del colectivo, incluyendo activistas y organizaciones.
En Burkina Faso, el retroceso se plasmó en una nueva ley. El Código de la Persona y la Familia pasó a tipificar como delito las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo, con penas de dos a cinco años de prisión y multas de entre dos y 10 millones de francos CFA (entre unos 3.000 y 15.000 euros). Esta reforma no solo institucionaliza la discriminación, sino que vulnera de forma directa el derecho a la igualdad ante la ley de las personas LGBTIQ+ y envía un mensaje de legitimación a la homofobia social.
En otros países como Kenia y Tanzania, el ataque adopta otra forma, pero con consecuencias similares. Las autoridades han recurrido al discurso de la “moral” y los “valores tradicionales” para justificar restricciones y abusos. En Kenia, altos cargos acusaron a organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos de recibir financiación extranjera para “promover conductas inmorales”, en un contexto más amplio de represión de la disidencia. En Tanzania, las leyes represivas y el clima de hostilidad impulsado desde sectores políticos y religiosos han aumentado el riesgo de violencia y estigmatización.
Más allá de estos casos, el patrón se repite en toda la región. El informe de Amnistía Internacional advierte de una tendencia clara: el uso de leyes penales, a menudo vagas o abiertamente discriminatorias, para perseguir y marginar sistemáticamente a las personas LGBTIQ+. Esta estrategia no solo legitima la homofobia y la transfobia, sino que también refuerza la impunidad frente a los crímenes de odio.
La visibilidad es clave para combatir la homofobia y la violencia contra personas LGBTIQ+. © Cris Faga/NurPhoto via Getty Images
América: Homofobia y crímenes LGBTIQ+
En el continente americano, mientras algunos países cuentan con marcos legales más avanzados, en otros se consolidan políticas que restringen derechos y alimentan un clima de hostilidad hacia el colectivo.
El informe de Amnistía Internacional advierte que las personas LGBTIQ+ siguen enfrentándose a altos niveles de violencia, discriminación y desigualdad, en un marco donde la impunidad es la norma en muchos países.
La ausencia o debilidad de leyes integrales contra la discriminación, junto con el uso de discursos basados en los “valores tradicionales”, perpetúan un entorno hostil. Este impacto es aún mayor para quienes sufren múltiples formas de discriminación, como las mujeres trans, las personas racializadas o quienes viven en contextos de pobreza.
En muchos casos, además, la violencia contra las personas LGBTIQ+ se entrecruza con otras crisis estructurales, como la brutalidad policial, el crimen organizado o las dificultades de acceso a la salud, lo que agrava aún más su situación.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impulsó un retroceso significativo en la protección de los derechos LGBTIQ+, especialmente en el caso de las personas trans. Una orden ejecutiva para restaurar la llamada “verdad biológica” definió el sexo como una categoría inmutable de “varón” o “mujer”, lo que permitió recortar programas públicos, eliminar financiación y borrar referencias a la diversidad sexual y de género en documentos oficiales.
El impacto de este clima político se reflejó también en la violencia. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la organización GLAAD documentó 932 incidentes anti-LGBTI en 49 estados y en el Distrito de Columbia, lo que equivale a una media de 2,5 ataques al día. Al menos 84 personas resultaron heridas y 10 murieron en estos episodios.
A nivel legislativo, la ofensiva también fue intensa. Se presentaron más de 616 proyectos de ley anti-LGBTI, de los cuales 74 llegaron a aprobarse. Muchas de estas normas restringen el acceso de jóvenes trans a servicios de salud de afirmación de género o censuran contenidos relacionados con la diversidad en las escuelas. Tras nuevas decisiones judiciales y órdenes ejecutivas, al menos 25 estados mantienen prohibiciones sobre este tipo de atención sanitaria.
En Brasil, la situación sigue siendo especialmente grave para las personas trans. El país volvió a encabezar la lista mundial de asesinatos de personas transgénero, consolidando un patrón persistente de violencia letal. La falta de políticas eficaces y la impunidad frente a estos crímenes continúan dejando a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Activistas de Amnistía Internacional marchan el día del Orgullo. © Jasmine Baert/Amnesty International
Asia: censura, violencia y retrocesos en los derechos LGBTIQ+
El informe de Amnistía Internacional advierte de una tendencia clara: el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ siguió reduciéndose y los ataques directos contra este colectivo fueron frecuentes. A pesar de ello, la mayoría de los países de la región carecen de leyes integrales contra la discriminación, lo que deja a millones de personas sin protección efectiva.
En Pakistán, se registraron asesinatos de personas transgénero, reflejo de la violencia extrema que sufre el colectivo.
En Vietnam, la presión estatal llevó a la cancelación de celebraciones del Orgullo, limitando la visibilidad y el derecho a la reunión.
En China, la represión adoptó la forma de una censura cada vez más sofocante sobre cualquier expresión queer. La cancelación de las actuaciones de la reconocida artista trans Jin Xing despertó el temor a un control aún más estricto sobre la presencia LGBTIQ+ en los espacios públicos. A lo largo del año, la policía detuvo o interrogó a autoras de historias de “amor entre chicos” (danmei) por publicar relatos homoeróticos en Internet y, según diversas fuentes, al menos 30 escritoras y escritores, en su mayoría mujeres, fueron multados o sometidos a detención administrativa en el marco de una campaña represiva en junio.
La censura llegó también al cine y a las redes sociales: el estreno de la película Together en la China continental se suspendió después de que se revelara que la escena de una boda entre personas del mismo sexo había sido modificada digitalmente para aparentar una boda heterosexual, y las publicaciones críticas con esta decisión fueron rápidamente eliminadas.
En septiembre, la Administración del Ciberespacio ordenó a la red social RedNote “rectificar” su gestión de contenidos sobre temas LGBTI y sobre mujeres solteras, alegando que “distorsionaban los valores” y dañaban el “civismo online”. Plataformas como Douyin, Bilibili y la propia RedNote continuaron eliminando grupos y debates LGBTI en virtud de vagas prohibiciones de contenidos “vulgares” o “nocivos”, y las autoridades ordenaron retirar de las tiendas digitales varias aplicaciones de citas para hombres gays.
En Malasia, la represión se tradujo en redadas y detenciones masivas. En noviembre, las autoridades llevaron a cabo operaciones en locales de Kuala Lumpur y Penang, arrestaron a más de 200 personas a las que consideraban LGBTIQ+ y abrieron investigaciones en virtud de diversas leyes que criminalizan las conductas sexuales entre personas del mismo sexo y otras formas de expresión de la diversidad.
En Japón, los tribunales emitieron fallos contradictorios sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en Hong Kong no se aprobaron leyes que habrían otorgado reconocimiento legal a estas parejas.
En este escenario, la discriminación contra las personas LGBTIQ+ no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema más amplio de represión que limita la libertad, la visibilidad y la seguridad de millones de personas.
Las marchas del Orgullo también denuncian los casos de homofobia en distintos países del mundo. © Pexels Diana Reyes
Europa y Asia Central: avances legales frente a una ofensiva contra los derechos LGBTIQ+
En Europa y Asia Central, los avances en derechos LGBTIQ+ conviven con una tendencia preocupante: el aumento de discursos y políticas que buscan recortarlos.
En varios países, gobiernos y parlamentos están impulsando reformas que limitan el reconocimiento de la diversidad de género y refuerzan modelos rígidos y excluyentes. Al mismo tiempo, promueven discursos que presentan los derechos LGBTIQ+ como una amenaza para la “familia tradicional” o los “valores nacionales”.
Pero esta no es la única realidad de la región. Algunos tribunales nacionales y europeos dictaron sentencias clave que refuerzan la protección frente a la discriminación y frenan algunos de estos retrocesos, especialmente en lo relacionado con la identidad de género.
El choque entre ambas tendencias es evidente en países como Eslovaquia y Hungría. Allí, los parlamentos han aprobado enmiendas constitucionales que solo reconocen los géneros masculino y femenino, negando de facto la existencia de identidades diversas y consolidando la discriminación contra las parejas del mismo sexo.
En Armenia, la situación refleja otro tipo de carencias. Aunque se han producido algunos avances en el ámbito de la justicia, la protección sigue siendo insuficiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al país por no proteger adecuadamente a activistas LGBTIQ+ frente al discurso de odio, señalando la “persistente inacción” de las autoridades.
Además, sigue pendiente una ley integral contra la discriminación que ni siquiera incluye la orientación sexual o la identidad de género como motivos protegidos, dejando a muchas personas sin herramientas legales para defenderse.
En Azerbaiyán, el 4 de noviembre de 2025, Yasin Ibadov, conocido también como Rüzgar, un joven LGBTIQ+, fue apuñalado mortalmente en Bakú, presuntamente por un familiar, tras haber recibido amenazas relacionadas con su orientación sexual. Según testigos, la respuesta médica y policial tardó en llegar, lo que refleja la falta de protección efectiva ante los crímenes de odio.
En Rusia, las autoridades continuaron criminalizando las identidades LGBTIQ+ mediante cargos de “propaganda LGBTIQ+” y “extremismo”, así como redadas en espacios afines al colectivo. Editoriales, librerías, medios de comunicación y cines virtuales fueron objeto de censura y obligados a retirar obras o modificarlas para evitar multas, y personas como el empresario Andrey Kotov fueron perseguidas penalmente por su supuesta participación en un “movimiento LGBTIQ+ extremista”.
Aun así, hay un contrapeso clave. La sociedad civil, las organizaciones LGBTIQ+ y los tribunales continúan desempeñando un papel fundamental para denunciar la violencia, frenar retrocesos y exigir leyes que garanticen la igualdad real.
Dos hombres ondean la bandera arcoíris. © Shams
Oriente Medio y Norte de África: criminalización, detenciones y castigos extremos
En Oriente Medio y el norte de África, la persecución contra las personas LGBTIQ+ siguió siendo una constante, marcada por leyes que criminalizan la diversidad y por el uso sistemático de detenciones y castigos como herramientas de control. En muchos países, las personas fueron detenidas, enjuiciadas e incluso condenadas a penas severas por mantener relaciones sexuales consentidas con personas de su mismo sexo. Estas prácticas no son excepciones aisladas, sino parte de un patrón extendido de represión legal e institucional.
En Yemen, el Código Penal de 1994 sigue penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El artículo 264 castiga las relaciones sexuales anales con 100 latigazos y hasta un año de prisión si las personas acusadas no están casadas, y prevé la muerte por lapidación cuando sí lo están. Para las relaciones entre mujeres, el artículo 268 contempla penas de hasta tres años de prisión.
El 20 de enero, el Tribunal Penal Especializado de Saná, controlado por los huzíes, condenó a muerte a 18 hombres y a penas de prisión de entre dos años y medio y 15 años a otros 113 por delitos como “prostitución”, “hacerse pasar por mujeres” y “actos inmorales”, evidenciando cómo se utilizan estos tipos penales para perseguir la diversidad sexual y de género.
En Argelia y Marruecos, se siguió aplicando legislación que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Estas normas, en muchos casos heredadas de códigos penales de origen colonial, continúan utilizándose para detener y procesar a personas por su orientación sexual, reforzando un clima de persecución y estigmatización.
En Túnez, las personas LGBTIQ+ se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión por mantener relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Lejos de avanzar hacia la despenalización, durante el año aumentaron los enjuiciamientos, lo que intensificó el clima de miedo e inseguridad. Organizaciones de derechos humanos documentaron que muchas de las personas detenidas, a menudo mujeres trans, fueron condenadas a penas de hasta tres años de cárcel en aplicación de leyes vagas que castigan comportamientos considerados “desviados” o “contrarios a la moral”.
En Libia, la situación fue aún más grave. Las autoridades y varios grupos armados sometieron a personas LGBTIQ+ a detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, en un contexto de impunidad casi total. En algunos casos, las fuerzas de seguridad difundieron públicamente “confesiones” obtenidas bajo coacción, con el objetivo de estigmatizar a las personas detenidas y enviar un mensaje de miedo al resto del colectivo. Las relaciones entre personas del mismo sexo continúan penalizadas, lo que facilita este tipo de abusos y deja a las víctimas sin protección efectiva.
En Irán, la criminalización de la diversidad sexual se combinó con políticas estatales que constituyen auténticas formas de tortura. Las relaciones homosexuales consentidas seguían castigándose con flagelación y, en algunos casos, con la pena de muerte, y varios hombres fueron azotados tras ser declarados culpables de mantener relaciones consentidas con personas de su mismo sexo. Estas leyes alimentan un clima de violencia y discriminación que dificulta el acceso de las personas LGBTIQ+ a la educación, el empleo, la vivienda y la atención sanitaria, y deja a las víctimas de ataques homófobos y tránsfobos sin recursos legales ni protección efectiva.
Las expresiones de no conformidad con las convenciones de género, como la vestimenta o el aspecto físico, se castigaban con prisión, multas y flagelación, y las llamadas “terapias de conversión” avaladas por el Estado seguían siendo prácticas extendidas, incluso en el caso de niños y niñas. Para obtener el reconocimiento legal de un cambio de sexo respecto al asignado al nacer, las autoridades exigían someterse a terapia hormonal y a procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización, lo que viola de forma grave el derecho a la integridad física y a la autonomía personal.
En Qatar, la legislación seguía tratando como delito, penado con prisión, las relaciones homosexuales consentidas, sin ofrecer ninguna protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Este vacío legal y la criminalización refuerzan un entorno en el que las personas LGBTIQ+ se ven obligadas a ocultar quiénes son para evitar detenciones, acoso y violencia.
El símbolo arcoíris representa la lucha contra la homofobia y la discriminación. © Freepik
Avances en derechos LGBTIQ+: pasos adelante en un contexto desigual
A pesar del aumento de la violencia, la discriminación y los retrocesos en muchas partes del mundo, el informe de Amnistía Internacional también recoge algunos avances que muestran que el cambio sigue siendo posible.
En algunos países, los tribunales han comenzado a reconocer derechos que durante años fueron negados. En Japón, las decisiones judiciales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo avanzaron de forma desigual, reflejando tanto el progreso como las resistencias existentes. En Ucrania, un tribunal reconoció por primera vez a una pareja del mismo sexo como familia, un paso significativo en el reconocimiento legal del colectivo.
En Kosovo, un tribunal condenó por primera vez a varias personas por secuestro y lesiones motivadas por odio basado en la orientación sexual, y las autoridades locales habilitaron alojamientos temporales para víctimas de violencia LGBTIQ+, un ejemplo del papel que pueden desempeñar los gobiernos locales a la hora de ofrecer protección real.
En Europa y Asia Central, a pesar de la ofensiva política contra la llamada “ideología de género”, tribunales nacionales y europeos siguieron frenando algunas de las medidas más regresivas y reforzando la protección frente a la discriminación, especialmente en materia de identidad de género y delitos de odio.
Estos avances, aunque todavía limitados, apuntan a una tendencia clara: la lucha por la igualdad sigue abriendo camino incluso en contextos difíciles. Por eso, la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ sigue siendo una tarea urgente en todo el mundo.
Las movilizaciones visibilizan los casos de homofobia y reclaman protección para las personas LGBTIQ+. © Shutterstock
Amnistía Internacional y los derechos LGBTIQ+
Estas situaciones nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos y la igualdad en todas partes. Es fundamental unirnos y trabajar para crear un mundo donde todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres y sin temor a la discriminación y la opresión.
Amnistía Internacional es una organización mundial que lucha por los derechos humanos en todas sus formas. En particular es una voz incansable en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La organización brinda apoyo investigando, denunciando casos de violencia y discriminación y presionando a los gobiernos para que deroguen leyes discriminatorias y promocionen políticas inclusivas que reconozcan y protejan los derechos de estas comunidades. A través de sus campañas de concienciación, investigación y defensa, la organización busca cambiar mentalidades y políticas para crear un mundo más justo e inclusivo para todas las personas. ¿Te unes?
